Diversos organismos oficiales regulan en muchos países todo lo concerniente a las pequeñas y medianas empresa, siguen su desenvolvimiento y les presta ayuda. Usted debe conocer las obligaciones que le impone la ley y los derechos que le otorga, y podrá beneficiarse al máximo de la acción de dichos organismos y cumplir más fácilmente sus obligaciones para con ellos.
Aunque usted no trabaje para el sector público, es casi seguro que alguna vez ha tenido contacto con él. Esto puede haber ocurrido porque posiblemente haya presentado ofertas para concursar a contratos u obras del Estado, pedir autorizaciones para montar su empresa o su fábrica o simplemente haber solicitado su pasaporte en una comisaría de policía.
Por estas razones, es por lo que estudiamos en este Tema los pormenores de la dirección y planificación objetiva en el sector público. Conocer las peculiaridades de la administración pública nos servirá de gran ayuda en nuestros conocimientos sobre esta materia, que no es ajena a ninguna persona física o jurídica del ámbito de la comunidad empresarial.
Las tradicionales entidades del sector público pueden ser reorganizadas para mejorar su rendimiento si centran sus esfuerzos y recursos en rediseñar aspectos claves de su gestión, como la prestación de servicios o la separación de funciones.
A través de la privatización de los monopolios estatales y la liberalización de los sectores, los gobiernos de todo el mundo han introducido las fuerzas del mercado en la electricidad, las telecomunicaciones y otras actividades económicas antes gestionadas por el sector público. Esto ha incrementado la productividad a medida que empresas del Estado comienzan a adoptar prácticas del sector privado.
Los organismos públicos son, a menudo, monopolios que administran y prestan servicios esenciales, como fueron en origen los servicios de Correos, Telefónica o Iberia en España.
Sin embargo, con frecuencia, los gobiernos no están tan dispuestos a privatizar o liberalizar actividades como: el orden público, las prisiones, la recaudación de impuestos, la administración estatal o autonómica y, en muchos países, la educación y la sanidad.
En estas áreas como es lógico se anteponen los objetivos sociales a los económicos. El resultado es que los organismos públicos que cubren estos sectores económicos no pueden dejar de prestar servicios no rentables, despedir a empleados, aprovechar las oportunidades del libre mercado u ofrecer los salarios necesarios para captar a los mejores profesionales.
Así pues, consideramos que las entidades del sector público, como las del sector privado, deberían organizarse para mejorar su productividad. Existen muchos organismos en nuestro país, como por ejemplo los Ayuntamientos que podrían abordar las causas de la escasa productividad de algunas de sus áreas y darse la oportunidad de rediseñar políticas basadas en una buena gestión al estilo de las empresas privadas.
Por ejemplo, pueden aplicar prácticas innovadoras en áreas como las tecnologías de la información y las compras. La experiencia del sector privado demuestra que un rediseño organizativo adecuado puede disipar la inercia y la complacencia, reestructurando y actualizando a las organizaciones del Estado y centrándolas en cuestiones fundamentales para mejorar la productividad, a través de la racionalización de las responsabilidades burocráticas centrales, la formación adecuada de los equipos gerenciales y la separación entre el diseño y la prestación del servicio.
Cada día son más numerosos los países cuyos gobiernos muestran interés en ayudar a la pequeña empresa, la cual en muchos de ellos recibe desde hace tiempo asistencia financiera, técnica y de dirección.
El Estado, que en prácticamente todos los países es el cliente más importante del comercio y la industria, puede decidir que ciertos pedidos se hagan a las pequeñas empresas, o bien, de manera más general, que se reserve a éstas determinado porcentaje de las compras de ciertos productos o los gastos en ciertos servicios.
Un empresario puede considerar que las disposiciones que regulan las actividades de su empresa constituyen una injerencia del Estado que atenta contra la libertad de comercio e industria, pero en realidad su objeto es proteger tanto a las empresas como a los consumidores. Manténgase siempre al corriente de los cambios en la legislación aplicable a su empresa pidiendo información a los organismos competentes o a sus consultores.
Considere el cumplimiento de sus obligaciones impositivas como una más de sus muchas actividades empresariales. Los diversos organismos que tienen a su cargo la recaudación de impuestos deben proporcionarle todos los formularios y toda la información que necesite. Sin embargo, puede ser preferible que un especialista en temas fiscales lo ayude a interpretar los formularios y preparar sus declaraciones a Hacienda, pues de lo contrario es posible que, simplemente por no conocer a fondo la respectiva legislación, pague más de lo debido.
Hasta cierto punto, la estructura jurídica de su empresa está dictada por la legislación respectiva y por consideraciones de orden impositivo. Analice esa estructura una vez al año para ver si sigue siendo la más conveniente y modifíquela si ha dejado de serlo y si los beneficios que promete tal modificación valen la pena.
Pedro Rubio Dominguez
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