A menudo, las medidas adoptadas en nombre del consumidor producen, en virtud de su acumulación, una enorme confusión: ¿Qué significado tiene para el consumidor la lista de «números E» impresa en un paquete de caramelos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que la letra «E» mayúscula que figura en el paquete, que implica el visto bueno de la Comunidad, se refiere exclusivamente al peso? En principio, cuanta más información contenga el paquete, mejor (por ejemplo: es claramente deseable que contenga una información adecuada sobre el valor nutritivo del contenido). Sin embargo, no se podrá conseguir comprensión sin claridad. Los actuales requisitos de etiquetado deben ser revisados y racionalizados con objeto de suministrar una información clara al consumidor y es necesario estudiar detalladamente la nueva normativa sobre etiquetado, simplemente para que no contribuya a hacerlo más confuso.
La información al consumidor no consiste simplemente en advertir acerca de los posibles riesgos: también debería ser posible para el consumidor leer en la etiqueta las cualidades positivas del producto, creyendo en lo que allí se dice. La Comisión se ha interesado en las posibilidades de certificar estas cualidades positivas: dicha certificación, si se realiza correctamente, podría ayudar a superar el escepticismo de los consumidores alentando a los fabricantes a incrementar el valor de su producto ofreciendo una mayor calidad. Esta iniciativa de los responsables políticos puede ser objeto de malentendidos, pero no se justifican los temores de que serviría para abrir el paso a unas normas de etiquetado más restrictivas que obligarían a cambiar los nombres de los productos a menos que la mercancía fuese procedente de zonas geográficas concretas o de que se siguiese una receta específica. Se pretende de alguna manera reconocer que un fabricante ha realizado un esfuerzo especial y posibilitar el premiar dicho esfuerzo.
Un productor que pretende llevar a cabo un proceso especial o cumplir un requisito de calidad concreto debería poder dirigirse a un organismo de certificación que investigaría su demanda de calidad y la ratificaría cuando apareciese en la etiqueta del producto. Los organismos que conceden estos certificados en los distintos Estados miembros deberían actuar todos con acuerdo a los mismos procedimientos controlados por la Comunidad, de tal forma que la calidad certificada pudiera inspirar la confianza de los consumidores en todo el mercado interior.
Sin embargo, por encima de este derecho a una información clara sobre los productos, es necesaria una investigación activa por parte del consumidor. Una de las muchas ventajas del actual fabricante a gran escala sobre su cliente es la posibilidad de realizar costosos estudios científicos y de mercado. Si los consumidores pudieran realizar una investigación semejante, ésta contribuiría a restablecer el equilibrio. Esta investigación puede ser de carácter general o específico.
Las actividades de seguimiento de accidentes por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas son un buen ejemplo del tipo de estudio que emplea una vasta red, en este caso con objeto de proporcionar una comprensión general de la gama de peligros que afectan a los individuos en su vida privada. La publicación de los resultados beneficiará directamente a los particulares proporcionándoles ciertos conocimientos que servirán de pauta a su conducta, bien sea a la hora de elegir un producto, o en otras circunstancias.
El objetivo principal del seguimiento es, lógicamente, suministrar información para la toma de decisiones, tanto a escala nacional como comunitaria, y proporcionar los datos de base de las campañas de información pública. En 1987 la Comisión lanzó una campaña para promover la concienciación sobre la seguridad infantil.
Pedro Rubio Domínguez
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Fuente: EL DERECHO DE ELEGIR Y EL IMPULSO ECONÓMICO- Eamonn Lawlor.
Documento de la Comisión de las Comunidades Europeas
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