La reforma laboral introdujo un nuevo diseño de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para conseguir reducir al mínimo los despidos colectivos. Pero esta alternativa parece no estar funcionado: según los últimos datos disponibles, los trabajadores afectados por suspensiones y reducciones de jornada caen un 25,6% en el último año y un 61% desde 2022, mientras las extinciones de contrato crecen un 11,9% anual y un 68% respecto a hace dos años. Ello, paradójicamente, en un periodo marcado por un notable crecimiento del PIB y una ocupación en máximos.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo corresponden a los diez primeros meses del año. No recogen, por tanto, el impacto de la DANA en Valencia, ante la que se ha ampliado la cobertura de los ERTEs por fuerza mayor. Tampoco el efecto de la activación del Mecanismo RED para el sector del automóvil, una fórmula que permite recurrir a las regulaciones temporales para "hacer frente a los cambios estructurales" que afronta esta industria y garantizar las inversiones en nuestro país (especialmente en la planta de Ford en Valencia).
Ambas medidas fueron rediseñadas en la nueva normativa del mercado de trabajo impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta segunda del Gobierno. Pero desde entonces sus resultados han dejado que desear en lo que se refiere a evitar despidos. Ahora, afrontan su prueba de fuego definitiva.
El nuevo sistema de los ERTEs, que complementa con estas dos fórmulas a los convencionales, parecía funcionar bien en un principio. En los diez primeros meses de 2022 los afectados por despidos cayeron un 50%, hasta los 19.476, mientras los afectados por ERTE lo hicieron un 54%, hasta los 230.254. Una evolución coherente con la mejoría de la situación provocada por la pandemia y el fin de los confinamientos.
Sin embargo, en 2023 la cosa cambia radicalmente: los afectados por ERTE siguen cayendo un 47,4% pero los despedidos se disparan un 50% anual, hasta los 29.234. Algo que se puede explicar porque dejaron de estar vigente los ERTEs remanentes de la pandemia, mucho más flexibles. Ante la vuelta las condiciones anteriores las empresas volvieron a plantar su política tradicional de ajustes. Ello a pesar de que las "prohibiciones" de despedir introducidas por la Guerra de Ucrania seguían vigentes.
En lo que va de 2024 la situación no ha mejorado: los despidos crecen el mencionado 11,9%, hasta los 32.732 y los ERTEs han seguido retrocediendo un 25,6%, hasta los 90.048. En términos acumulados, las extinciones de empleo crecieron un 68,1,% respecto a octubre de 2022 y los ERTEs un 60,98%.
Descontando 2021 (para 2020 el Ministerio no facilita datos por la 'situación excepcional' de la pandemia), las cifras de 2024 son las más elevadas desde 2013, cuando la crisis financiera tocó fondo y empezó a revertirse la destrucción de empleo. Es más, la cifra supera en un 33% la anotada en el mismo periodo de 2019, cuando los despidos registraron un notable repunte que en su momento se consideró un claro indicio de desaceleración económica.
Aquí conviene introducir una precisión: si comparamos los datos hasta octubre octubre vemos que casi siempre ha habido más afectados por ERTE que por despidos colectivos, los anteriormente denominados como ERE`s. La única excepción en los últimos 20 años han sido 2006 y 2009. Algo lógico: ninguna empresa se plantea hacer ceses sin recurrir antes a la alternativa, menos costosa (parte del sueldo se compensa con prestaciones de paro del trabajador) y más 'pacífica', de los ajustes temporales.
De regreso a la casilla de salida
Este un apunte relevante porque el protagonismo de los ERTEs durante la pandemia provocó un curioso (y hasta cierto punto absurdo) debate sobre su paternidad entre el PP y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Lo cierto es que ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han inventado esa figura, pero ambos intentaron potenciarla durante las crisis que enfrentaron. ¿Pero sirvió para salvar más empleos de los que se hubieran salvado sin estos cambios? Veamos los datos.
Tras la reforma laboral de 2012, el peso de los despidos sobre el total de los afectados por regulaciones de empleo se moderó, si bien volvió a repuntar en los años anteriores a la pandemia (en 2019 alcanzó el 34%). Las medidas extraordinarias ante la crisis sanitaria funcionaron mucho mejor: redujeron la tasa a 7,2% en 2021 y un 7,9% en 2022 pero desde entonces el peso de los despedidos ha vuelto a aumentar hasta un 26,6% del total.
De esta forma, si tomamos como referencia el porcentaje de afectados por despidos sobre el total sí se puede hablar de una cierta mejoría frente a la situación inmediatamente anterior a la pandemia. Pero incluso aquí cabe la duda de si se debe al contexto económico (en 2019 se hablaba de desaceleración de la economía y en 2024 España aparece como el motor europeo) o a un efecto beneficioso de los últimos cambios en el diseño de las regulaciones temporales.
Hay que tener en cuenta que el éxito de los ERTEs durante la pandemia se debió a que se flexibilizaron hasta casi convertirlos en una 'barra libre' para las que las empresas pudieran acogerse a ellos y evitar despidos en un contexto de emergencia sin precedentes. Además, no consumían derecho a paro. Es decir, el afectado podía combinar su prestación y el sueldo mientras durara el proceso. Esto los hacía aún más fáciles de aceptar por los trabajadores, pero muy costosos para el Estado.
A partir de 2021, estas ventajas desaparece y la gran mayoría de los ERTEs vuelven a 'burocratizarse' en condiciones idénticas a las de 2019. Aunque el Gobierno introduce en su nueva reforma laboral dos nuevos supuestos, muy tasados, con condiciones especiales: los ERTEs de fuerza mayor (como el caso de la erupción volcánica en La Palma o la DANA) o el Mecanismo RED, pensado para apoyar a determinados sectores y que deben ser autorizados por el Consejo de Ministros.
Antes del motor, los ERTEs RED solo se habían aprobado para las agencias de viaje. Solo estuvieron vigentes durante 2022 con 7.998 afectados, aunque la puesta en marcha de la medida y el pago de las prestaciones sufrió problemas de gestión y retrasos fueron denunciados por los trabajadores y las empresas.
Así, lo que ocurra a partir de ahora en el automóvil es la 'prueba e fuego' para este nuevo mecanismo pensado para minimizar el impacto en el empleo de la transformación estructural de su actividad. Aunque también las regulaciones por fuerza mayor están bajo el foco.
El Ministerio de Trabajo se ha volcado en las medidas laborales para paliar los efectos de la catástrofe de la Dana, lo que incluye una importante apuesta por este tipo de ERTEs. Como hemos contado en elEconomista.es, apenas un 9,5% de las empresas afectadas han solicitado acogerse a medidas de este tipo. Los datos de los dos últimos meses del año, que conoceremos ya en febrero, serán la prueba del algodón para ver si estas medidas sirven para contrarrestar el declive de las regulaciones temporales e impedir verdaderamente los despidos.
Javier Esteban
Por gentileza de: 
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