Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de mover los cimientos de la credibilidad de la Agencia Tributaria. Ha condenado a dos años de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros a Leonor Sánchez-Caballero, una alta funcionaria de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, por estafar, junto a otras tres personas, 6,2 millones de euros en devoluciones del IRPF a varios futbolistas y algunas estrellas del baloncesto. Estos contribuyentes de alto poder adquisitivo no han sido nunca ni evasores fiscales ni defraudadores, sino víctimas de una trama cuyos tentáculos llegaban hasta el fisco.
Así, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre dos y ocho años de cárcel a una trama compuesta por tres abogados implicados, Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar, así como a la inspectora de Hacienda, Leonor Sánchez-Caballero.
En concreto, el tribunal ha condenado a los tres abogados a ocho años de prisión por delito continuado de estafa, delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, y un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público.
Según publica el diario Confilegal, a Sánchez-Caballero Pérez, jefa de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la Agencia Tributaria, el tribunal de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, le ha impuesto una pena de dos años de cárcel y una multa de 18.843.236,58 euros por un delito continuado de utilización de información privilegiada por funcionario público. Esta cantidad es el triple de lo estafado. Además, estará cinco años inhabilitada para empleo o cargo público.
En qué consistía esta trama y cómo estafaba
Los acusados se apropiaron de 6,2 millones de euros pertenecientes a deportistas de élite en concepto de devoluciones del IRPF no solicitadas y de las que los jugadores no tenían constancia de que estaban en su derecho a reclamar.
En concreto, esta trama solicitaba la devolución correspondiente en el IRPF a la diferencia entre las retenciones del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) soportadas por los jugadores en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el Impuesto sobre las Rentas de No Residentes (IRNR) una vez que ya estaban en el extranjero. Estas cantidades estaban registradas en los archivos confidenciales de la Agencia Tributaria a los que la inspectora tenía acceso y de los que hizo un uso fraudulento.
¿Cómo se quedaban ese dinero los estafadores? Según el fiscal, entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 los tres abogados usaron dos “sociedades pantalla” que solicitaban a la Agencia Tributaria las devoluciones a las que tenían derecho los deportistas de élite que habían jugado en equipos españoles en años anteriores pero que ya estaban en equipos extranjeros y que desconocían que podían reclamar esas devoluciones. Las dos empresas eran Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL, que han sido castigadas como responsables civiles subsidiarias –por lo que deben indemnizar al fisco con 3.648.447,15 y 1.399.609,92 euros, respectivamente–.
Así, esta trama averiguaba qué deportistas contaban con las mayores cuantías sin reclamar y que se quedaban en las arcas de Hacienda. Posteriormente los estafadores solicitaban las reclamaciones en nombre de los deportistas mediante falsedad documental (certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado o justificantes que acreditaban la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación legal del deportista para recibir la devolución) y suplantación de la firma. La sentencia, a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, señala que “no fue un burdo engaño, sino una actuación concertada para la obtención de esas devoluciones”.
Entre los deportistas afectados se encuentran los exmadridistas Nuri Sahin (1.212.158 euros robados) y Altintop (552.272 euros robados) y el exatlético Salvio (376.092 euros robados).
El futbolista argentino Javier Hernán Malagueño y el exfutbolista y segundo entrenador del Estambul Basaksehir FK Achile Pierre Webo ejercieron como acusación particular.
Sánchez-Caballero, con 40 personas a su cargo y con un puesto estratégico en la Agencia Tributaria, agotará todas las vías judiciales manteniendo su inocencia y recurrirá ante el Tribunal Supremo, según El Mundo.
Cómo la Fiscalía se da cuenta de esta trama
Esta investigación se inició por la Unidad de Policía judicial adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a petición de la Fiscalía. Y todo surgió porque detectaron dos pagos que se hicieron al mismo tiempo a una misma cuenta de una de las sociedades “pantalla” encargadas de la devolución a dos de los jugadores. Luego se sumó una gestión sospechosa hecha por Leonor Sánchez-Caballero que se preocupó por uno de los expedientes y esto despertó las alarmas de la Fiscalía.
Las sociedades 'pantalla': el nexo de unión, por desgracia, entre esta trama y Agapito García
Mientras ha quedado acreditado por la Audiencia Provincial de Madrid que la inspectora de Hacienda Leonor Sánchez-Caballero, junto a tres abogados, crearon dos sociedades 'pantalla' para cobrar ilegalmente devoluciones en el IRPF de deportistas de élite, a Agapito García, uno de los mayores deudores de Hacienda se le acusó, desde la Agencia Tributaria, de crear una sociedad pantalla, un hecho que nunca se llegó a demostrar por este organismo. Pero la acusación se hizo y el daño irreparable también.
Su pesadilla con el organismo que recauda los impuestos comenzó en 1989. Fue ese año cuando Agapito García vendió su empresa La Gravera, relacionada con la construcción, a la multinacional Steetley por 25,2 millones de euros, pero el beneficio fue de 12,6 millones de euros (el 50% de los ingresos). El importe lo recibió en dos ejercicios diferentes (1989 y 1990) y es lo que llamó la atención a Hacienda. Y esto fue su calvario. Porque el organismo recaudador le atribuyó el uso de una sociedad “pantalla” para eludir pagar los impuestos que le correspondían: consideró que pagó un 13% por el Impuesto de Sociedades y no el 56% de IRPF. Por eso, en 1990 le reclamó 20 millones de euros: esta cifra estaba formada por el capital que Hacienda consideraba eludido y una sanción del 70%.
Es decir, le reclamó 20 millones de euros cuando el beneficio fue de 12,6 millones de euros. Ante la negativa de Agapito de abonar este importe, la Agencia Tributaria activó su maquinaria jurídica y no se paró en 25 años. En 2012 el Tribunal Supremo falló a favor de Hacienda y ya fue el fin del recorrido para Agapito, pese a las muchas sentencias que le fueron dando la razón. Tanto la Audiencia de Madrid como la Audiencia Nacional sentenciaron que no cabía hablar de simulación (uso de una sociedad pantalla) y que él era inocente. En, cambio, el Supremo falló en su contra y le obligó a pagar 31,7 millones de euros. “Todos sabemos cómo se componen las salas del Supremo, se llega por poder político y en mi caso se produjo una falta de objetividad”, sentencia Agapito García.
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