La situación que estamos viviendo nos sitúa ante una encrucijada clave para definir el futuro del sector del transporte en autobús. Son muchos los retos que tenemos que afrontar, unos a medio y largo plazo y otros inmediatos, que exigen una estrategia de doble velocidad que nos hace mirar al futuro, aunque sin dejar de ocuparnos de los desafíos más inmediatos.
Hay dos grades cuestiones que destacan en primer lugar, se trata de la descarbonización y la digitalización: retos en los que el sector ya estaba involucrado, pero que ahora se van a tener que abordar en un contexto de gran dificultad. La descarbonización de la movilidad requiere grandes inversiones en renovación de flota, cero o bajas emisiones, la adaptación de las infraestructuras para el repostaje y el mantenimiento de los vehículos, así como en formación del personal para la conducción y los talleres. Aunque el autobús es uno de los modos de transporte menos contaminantes, el sector está dispuesto a asumir una posición de liderazgo en el reto de alcanzar la neutralidad climática.
En cuanto a la digitalización, se debe acelerar el proceso, explotar más los datos en tiempo real, mejorar la información al usuario, los medios de pago, la multimodalidad o la introducción de las nuevas aplicaciones que el 5G posibilita, como el vehículo autónomo o la conectividad con las infraestructuras.
Ambos asuntos requieren importantes inversiones en un contexto en el que muchas empresas aún no se han recuperado del impacto de la pandemia y la demanda de viajeros se sitúa en un 15,3% de media por debajo de las cifras de 2019 (INE: julio 2022). A esto hay que sumarle la desaparición de más de 300 empresas de transporte en autobús desde 2020 y las consecuencias del desorbitado incremento del precio de los combustibles, que está provocando un enorme impacto en las cuentas de resultados de las empresas del sector.
Como consecuencia de todo ello deriva la imprescindible revisión de los precios de los contratos, aplicable tanto a los servicios de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar, con un reequilibrio que compense los costes extraordinarios del precio de los combustibles, garantizando así la continuidad de una industria que es garante de la movilidad sostenible y un servicio esencial.
Por otra parte, apoyamos todas las medidas de fomento del transporte público puestas en marcha por las administraciones, pero seguimos exigiendo un trato igualitario entre modos de transporte, para que la medida llegue a todos los territorios y ciudadanos.
Valoramos positivamente la intención de la administración de modernizar el marco normativo a través de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que además será beneficiosa para coordinar y dar un uso más eficiente a los recursos públicos y para una mejor promoción del transporte público como agente clave en la descarbonización y ahorro energético. Sin embargo, para poder cumplir debidamente con el Sistema Nacional de Movilidad, el objetivo de la financiación estatal del transporte público debe ampliarse a todo el sistema de movilidad y no limitarse sólo al ámbito urbano y metropolitano. Además, creemos que se debe fomentar el transporte turístico en autobús. Las ciudades españolas deberían dar prioridad al transporte en autocar y que los principales destinos turísticos sean más receptivos a nuestro modo, favoreciendo su acceso, tránsito y estacionamiento.
No podemos olvidarnos de las infraestructuras. Resulta de vital importancia que se incrementen las plataformas reservadas, los carriles BUS-VAO en los ejes de penetración de las grandes ciudades españolas y se invierta en renovar las estaciones.
Finalmente, no podemos dejar de referirnos al grave problema de la escasez de conductores profesionales, cuya solución podría radicar, entre otras medidas, en la agilización de los trámites burocráticos para que, por ejemplo, en una futura Formación Profesional los conductores puedan obtener de forma directa su carné de conducir profesional además del CAP.
Queda mucho por hacer y el Sector está trabajando en afrontar todos estos retos con el convencimiento de que somos claves para garantizar el derecho a la movilidad y el acceso a los servicios básicos.
Para más información: Mayi Mora-Figueroa
T. 914 319 864 | M. 679 178 387 | vmorafigueroa@confebus.org
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